CONGRESO DE RADIODIFUSORES EN AREQUIPA TERMINA CON INTENSO DEBATE SOBRE LA PUBLICIDAD ESTATAL

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PROGRAMA DEL CONGRESO DE PERIODISMO, RADIO Y TELEVISIÓN COPERATV Y EXPOTEC PERÚ 2018

MTC FISCALIZARÁ DECLARACIONES JURADAS DE TASA A ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN
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TODO LISTO PARA CONGRESO DE PERIODISMO, RADIO Y TELEVISIÓN Y EXPOTEC PERÚ 2018
 
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PERIODISTA Y ESCRITORA LORENA ÁLVAREZ PRESENTE EN CONGRESO DE PERIODISMO, RADIO Y TELEVISIÓN - COPERATV
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El siguiente artículo es un análisis elaborado por el economista Daniel Chappell, director del Comité de Radio, para reconocer las implicancias de la aplicación de la Ley N° 30793 que regula el gasto de publicidad del Estado peruano y quiénes son los verdaderos perjudicados con esta medida.

“En primer lugar, debemos resaltar que el Estado tiene el derecho y -principalmente- el deber de comunicar con la finalidad de mantener informada a la población sobre las distintas iniciativas y acciones de vital importancia para el ejercicio de nuestra ciudadanía; sean estas, campañas de vacunación, procesos electorales, beneficios tributarios, medidas de emergencia y muchos otros temas de interés nacional”.

Con la cuestionada Ley N° 30793, cerca de 3,000 entidades que incluyen a municipios y ministerios como los de salud y educación están imposibilitadas de cumplir la misión para la que fueron creadas. Considerar que la publicidad exclusiva en medios estatales y las redes sociales del gobierno son suficientes, corresponde a un claro desconocimiento del alcance de estos, expliquemos esta situación por partes.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el 2018 solo el 30.9% de la población urbana y rural del Perú tiene acceso a internet y teniendo en cuenta que este no corresponde a un medio sino a una plataforma altamente fragmentada, mucho más que el 69.1% de la población se mantendrá desinformada sobre las acciones del Estado. ¿Podríamos complementarlo con medios estatales como Tv Perú, Radio Nacional y El Peruano? Sí, pero no en su totalidad.

TV Perú tiene la mayor cantidad de retransmisoras, 276 en total; con un total de 4 señales, de las cuales solo dos son vistas por cable y las restantes son para los pocos televidentes que tienen acceso directo a la televisión digital terrestre. Es por esa razón que, según Ibope Media, TV Perú demuestra una de las señales con menos alcance en la población (0.34% de rating).

En el caso de Radio Nacional, basándonos en el último estudio en el que participó (CPI 2014), solo presentaba 0.10% de rating, ocupando uno de los últimos lugares en alcance medido en miles de personas impactadas. El diario El Peruano que tampoco ha sido medido en el último año, ocupa los últimos lugares en lectoría con el 1.1% de alcance semanal (CPI 2016).

El autor de la Ley, Mauricio Mulder confunde la cobertura con el alcance del medio; en fácil, confunde el “hasta dónde llega” vs. el “cuántos lo escuchan”.         

Durante todos estos años, han sido los medios privados -tanto locales como nacionales- quienes han demostrado su preocupación y esfuerzo por llegar a sus localidades, mejorar su cobertura, alcance y principalmente sus contenidos, fidelizando a sus oyentes/audiencia/lectores, convirtiéndose en los medios que llegan a más personas. Y son principalmente estos medios regionales y locales los que dependen en un mayor porcentaje de las entidades estatales existentes que ahora no podrán comunicar sus campañas, guiar a los ciudadanos en temas de emergencia o conocer sus necesidades.

Condenarlos a la insolvencia no perjudica solo a los medios privados pequeños, sino al ciudadano, generando una sensación de ausencia del Estado que afecta irremediablemente nuestra democracia.

Marissa Pozo, Chief Operations Officer de Havas Group, comentó en un reciente artículo que “La solución para las crecientes inversiones en comunicación de las entidades estatales, no es dirigirlas solo a medios que no tienen la capacidad de alcanzar a la gran mayoría de peruanos. La solución pasa, con total seguridad, por una mejor reglamentación y control”, queda claro entonces que la única intención de esta Ley es la de limitar el legítimo derecho del Estado a comunicar, atentando contra nuestra libertad de información y nuestra oportunidad de ser una sociedad más desarrollada”. Así concluye el comentario y análisis de Daniel Chappell Voysest.

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