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Uno de los principios básicos de la Ley Nº 27444, el Principio de Informalismo, nos dice que las normas del derecho administrativo deben ser interpretadas en forma favorable a su admisión y decisión final de las solicitudes, y que los derechos de los ciudadanos no se vean afectados por la exigencia de aspectos de forma que puedan ser subsanados, siempre que con ello no se afecten a terceros o el interés público. Sin embargo, algunas decisiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como en el caso que vamos a comentar, en mi opinión, no reflejan lo que la ley establece, pues la autoridad ha preferido dejar de aplicar el mencionado principio.
 
Me refiero, a manera de ejemplo, al caso de un administrado que presentó su solicitud de renovación de autorización en el año 2014, dentro del plazo de ley, pero su trámite fue rechazado por el Ministerio bajo el argumento que tenía deudas al momento de su solicitud. Como en otros casos, posteriormente el administrado se acogió al Decreto Supremo Nº 006-2017-MTC, publicado el 28 de febrero del 2017, el cual establecía un plazo excepcional de regularización (amnistía) de las autorizaciones con causal de cancelación en dos supuestos: en caso no hayan presentado la respectiva solicitud de renovación o en caso que esta haya sido considerada como no presentada por tener deudas con el Ministerio. Sin embargo, pese a que el administrado se encontraba en el segundo supuesto, el acogimiento a la referida norma de regularización también le ha sido rechazado.
 
Más contradictorio aún resulta el hecho que como fundamentos del decreto supremo de regularización, promovido por el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se indican que la norma busca que el Estado promueva el desarrollo de los servicios de radiodifusión con el objeto de asegurar la cobertura en todo el país en el marco de las políticas de desarrollo, integración y afianzamiento de la identidad nacional. Además, se añade que, en aplicación del Principio de Simplicidad, los trámites deben ser sencillos, para lo cual deben contarse con requisitos racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Todo ello, de ningún modo, viene siendo cumplido.
 
Traigo a comentario este caso porque es un ejemplo típico de cómo algunas de las interpretaciones de las normas pueden ser ilógicas y desproporcionadas, pues en estas circunstancias el administrado no puede continuar con su trámite de renovación de radiodifusión al haber sido rechazada su solicitud hace casi tres años, y, por tanto, archivada. Tampoco puede acogerse a la última norma de amnistía porque se ha resuelto que esta solamente se aplica para aquellos administrados que no presentaron su solicitud de renovación. Es decir, no tiene ninguna alternativa para solucionar su problema y mantener vigente su autorización. Lo más absurdo del caso es que, bajo la interpretación del Ministerio, le hubiera convenido no presentar la solicitud de renovación y mantener las deudas para que, en ese supuesto, sí se le otorgue el beneficio de la norma de amnistía.
 
Más allá de que mi interpretación sea correcta o la autoridad resuelva en sentido distinto, considero que estos hechos generan además un efecto búmeran al propio Ministerio, pues todos los administrados que se encuentran en esta situación, van a optar por llevar sus casos a la vía judicial para revertir la decisión administrativa o, inclusive, promoverán una nueva norma de amnistía que abarque todos los supuestos en que se encuentran, generando con ello más carga administrativa al Ministerio, elevando con ello los costos para el Estado, pues este tendrá que, inclusive, contratar más personal para atender las miles de solicitudes de amnistía que se presenten. Por otro lado, para los administrados, se genera una situación de inseguridad jurídica, pues no sabrán que pasará con sus autorizaciones de radio y televisión, es decir, si se mantendrán vigentes o no, y con ello si pueden invertir o no en modernizar sus equipos, digitalizar la calidad de su señal o, inclusive, si pueden transferir sus derechos a terceros.
 
Una de las ventajas de la seguridad jurídica es justamente que las personas tengan la certeza de sus derechos y puedan proceder conforme a ello, pero si esta no se reconoce de manera oportuna o la menoscaban luego de varios años, las personas comenzarán a perder la confianza en las leyes, en las autoridades y, en las mismas instituciones. Entonces creo que conviene reflexionar si las decisiones que se toman, como en el caso antes descrito, son las más adecuadas y justas para evitar que continúen sucediendo.
 
Consultor en Telecomunicaciones y TIC, Miembro del Consejo Directivo del OSIPTEL
y Ex Director General de la DGAT – MTC / E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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